"¡Nunca le he dicho papá y tengo 76 años!", grita Anselma Guillermina Gómez, mientras esgrime la foto en blanco y negro de un hombre joven. El llanto le agudiza la voz.
Está hablando del padre que nunca conoció, porque en medio del golpe de Estado de 1936 se llevaron a ese padre de su casa en Córdoba (en el sur de España) y lo fusilaron. Ella era una bebé en gestación en el vientre de su madre. El 19 de agosto de 1936 fue la última vez que supieron de él, nunca vieron su cuerpo. Se llamaba como la hija, Anselmo Guillermo Gómez Bermúdez.
Contenido relacionadoEspaña: declara un doctor investigado por robos de bebésBaltasar Garzón, en el banquillo por FrancoArgentina investiga los crímenes del franquismo Temas relacionadosInternacional, España Anselma es una de las víctimas que –como parte del movimiento Plataforma por la Comisión de la Verdad- se reunirá a lo largo de esta semana con integrantes del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias para tratar los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la guerra civil y el régimen de Francisco Franco (1936-1977).
En sus 33 años de existencia, es la primera vez que funcionarios de esta área de investigación de la ONU visitan España para investigar estos crímenes de lesa humanidad. Durante la visita tienen previsto reunirse con miembros del gobierno, fiscales, jueces y otras autoridades.
Hay muchos ceros a la derecha en las cifras del balance de esos años desde 1936 al 1977: entre 115.000 y 130.000 desaparecidos, 150.000 asesinados, 30.000 niños robados, 2.800 fosas comunes en toda España (solo el 10% de ellas abiertas), medio millón de exiliados, hasta 300.000 presos políticos solo al comienzo del régimen militar, y un millón de muertos por la guerra.
Dos años después de la muerte de Franco en 1975, un período en el que también hubo asesinatos, salió una ley de amnistía que marcó el fin de cualquier investigación.
Los números, de los que dispone la Plataforma, se basan en la investigación judicial que hizo el exjuez Baltasar Garzón -antes de que fuese inhabilitado por admitir las primeras querellas sobre este caso- en el recuento de reconocidos historiadores e investigadores, y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
El gobierno español desde el regreso de la democracia no ha reconocido estas cifras, y ni el Ministerio de Exteriores, ni el de Justicia, aceptaron entregar nueva información a BBC Mundo sobre los datos oficiales del Estado.
Sin respuestaEn las estimaciones de la Plataforma, la gran mayoría de las desapariciones ocurrieron entre 1936 y 1950. Amnistía Internacional estima que, incluso hasta 1951, ocurrieron más de 114.000.
La falta de investigación de estos crímenes es una gran deuda de la sociedad española
Los familiares de los desaparecidos coinciden en sus historias: a mi padre, a mi tío, a mi abuelo, los mataron, no sabemos dónde están sus restos, o sabemos pero no podemos acceder a ellos.
Anselma es una. Ella le dice a BBC Mundo: "No quiero morirme sin ver los huesos de mi padre".
Miembros de la Plataforma por la Comisión de la Verdad.
Repite la historia como la ha repetido tantas veces sin respuesta ante las autoridades locales y nacionales, e incluso el año pasado ante el Parlamento Europeo.
El legislativo europeo de hecho le envió una carta al gobierno español, la Junta de Andalucía y el ayuntamiento de Córdoba pidiéndoles que facilitaran la documentación necesaria para encontrar los restos de su padre.
El gobierno de Andalucía respondió con una prueba de ADN a Anselma.
"Pero su ADN sirve si levantan la fosa común, y hace falta voluntad política", interviene su hija, Noelia Camacho.
El Ministerio de Justicia le escribió a esta mujer una carta respondiendo que no había documentación y, según Anselma, reconociendo que a su padre lo fusilaron por sus ideas políticas. El ayuntamiento de Córdoba no ha respondido.
Un testimonio similar es el de Carmen Gracia, hija de Antonio Gracia, militante del Partido Socialista y panadero, fusilado en Córdoba el 12 de agosto de 1936.
Ella tenía ocho años, y sus hermanos seis y cuatro. Ahora tiene 85 y lleva una foto minúscula de su papá colgada en el cuello, como una medalla.
Torturadores Cuando comenzó la causa en Argentina en 2010, los querellantes pidieron orden de captura internacional por torturas para nueve personas y la jueza habría encontrado pruebas fundadas para cuatro personas explica a BBC Mundo el investigador de Amnistía Internacional, Ignacio Jovtis, que ha seguido el proceso.
Con información de Jovtis, Jordi Gordon y datos hemerográficos, BBC Mundo presenta quiénes son los cuatro solicitados, todos con domicilio en Madrid:
José Antonio González Pacheco ("Billy El Niño"): era policía inspector de la Brigada Político Social, el organismo represor de la dictadura. Se benefició de la ley de amnistía y en democracia llegó a ser jefe de seguridad de una empresa de automóviles, tuvo su propia empresa de vigilancia. Los testimonios coinciden en que se jactaba de disfrutar las torturas y era omnipresente. Aparece en 17 querellas en la causa argentina. Jesús Muñecas Aguilar : ex capitán de la Guardia civil, participó luego en el intento de golpe de estado de 1981, directamente en el Congreso de los Diputados. Eso le valió su expulsión del cuerpo y prisión por cinco años por rebelión militar.
Celso Galván Abascal : murió en 2009. Fue escolta de Franco y de la Casa Real. Era inspector también de la Brigada Político-Social y lo habían absuelto por el asesinato del estudiante Enrique Ruano en 1969. José Ignacio Giralte González : está en cuatro querellas en el juicio argentino. Llegó a ser comisario del Cuerpo Nacional de Policía y fue miembro de la Brigada Político-Social. Un guardia civil, recuerda Carmen al conversar con BBC Mundo, le dio media hora para fugarse y él dijo que no. Entonces se lo llevaron y lo fusilaron, donde ahora está el cementerio de San Rafael de esa ciudad.
Carmen sabe que su padre está en fosas comunes allí mismo, porque su nombre está en los monolitos que levantaron en ese punto hace dos años. "Un tío mío de 16 años fue al que dejaron entrar al cementerio y vio a su hermano. Los falangistas (brigadas radicales armadas del franquismo) no lo dejaron llevarse a mi padre", comenta.
La historia también la ha contado tantas veces Gregorio Rodrigalvarez, de 78 años. Los falangistas del pueblo de Sigüenza, en las afueras de Madrid, fueron a buscar a su padre, que era sastre, en octubre de 1936.
"Se lo llevaron con otros cuatro o cinco y lo fusilaron en un patio de una casa de monjas. Primero les hicieron hacer la fosa", dijo a BBC Mundo.
Gregorio dice que allí están los restos, en la alameda del pueblo, pero no ha podido buscarlos. A su madre, comenta, estuvieron a punto de matarla luego, porque vio a un falangista con el reloj de su marido muerto y se lo quiso quitar. Dos personas intervinieron y se salvó.
¿Por qué todavía?Ariel Dulitzky va a presidir desde el 1 de octubre el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, y es uno de los cinco miembros de esta comisión que viajará por a Madrid, Barcelona, Vitoria y Sevilla hasta el 30 de septiembre, por invitación del gobierno y solicitud de las asociaciones de familiares.
"La idea es servir de asistencia técnica y compartir experiencias que puedan servir a España, y la expectativa es recibir la mayor cantidad de información para dar visibilidad al tema de las desapariciones forzadas", explica a BBC Mundo.
Luego de la visita producirán un informe con conclusiones y recomendaciones que presentarán al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
A Dulitzky no le está permitido hablar antes o durante la visita sobre la materia concreta de estas reuniones, pero sí le comenta a BBC Mundo que el derecho "irrenunciable" a saber qué pasó con los desaparecidos "no prescribe", porque la desaparición forzada "es un crimen continuado" hasta que se establece el paradero:
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