La Comisión Europea ha denunciado la lentitud y los retrasos en las reformas emprendidas por el Gobierno español para impulsar la industria y le ha pedido que acelere las iniciativas para mejorar el entorno empresarial y la competitividad no relacionada con los costes.
Esa es la principal conclusión en cuanto a España de dos informes sobre industria y competitividad elaborados por el Ejecutivo comunitario y presentados este miércoles por el comisario para la Industria, Antonio Tajani, quein ha constatado que la Unión Europea y sus Estados miembros "deben hacer mucho más" para apoyar a la industria.
Aunque Tajani ha destacado que, en los últimos meses, se ha observado "una tibia recuperación" del sector europeo, la base industrial se sigue erosionando por los efectos de la crisis. Para solulcionarlo, el comisario italiano ha anunciado un Consejo Europeo monográfico el próximo febrero sobre la industria y ha apostado por que, "junto con el pacto fiscal para sanear cuentas públicas -fundamental para la economía europea-, necesitamos también un pacto para industria, que atraiga inversión industrial a la UE".
España, tercer país con mayor caída de la industria desde 2008
Según los datos de esos estudios, España es el tercer país de la UE -solo por detrás de Chipre y Grecia- donde más ha caído la industria desde el inicio de la crisis. En concreto, el peso del sector industrial en la economía española ha bajado un 30% desde 2008, mientras que la media de caída en los Veintiocho se ha situado en el 12%. De esta forma, la industria aporta el 13,3% del valor añadido total, frente al 15,3% de media en la UE.
En el apartado dedicado a España, se examinan las reformas realizadas por el Gobierno y su conclusión es que, "en conjunto, los avances han sido lentos y algunas reformas emblemáticas siguen pendientes, como la ley para apoyar a los empresarios y su internacionalización -que concluyó su tramitación el pasado jueves-, la reforma de los servicios profesionales y la ley dirigida a garantizar la unidad de mercado".
"Es necesario completar las reformas estructurales antes de que repercutan plenamente en el crecimiento y la competitividad. En particular, en lo que respecta a la mejora del entorno empresarial y a la mejora de la competitividad no relacionada con los costes", reclama la Comisión.
Problemas de crédito para las pymes
Bruselas avisa de que "las empresas siguen teniendo problemas con el impacto de la recesión y el deterioro de las condiciones de crédito", que persiste incluso pese al rescate bancario de hasta 100.000 millones que ha recibido España.
"El crédito bancario para las pymes es relativamente oneroso y difícil de obtener, y el diferencial de tipos de interés es elevado con relación a otros Estados miembros. Si bien las medidas adoptadas en el marco del programa de recapitalización del sector bancario deberían contribuir a superar esta situación, por el momento, no hay signos de mejora significativa", subraya el informe.
"Es evidente que se ha producido cierta mejora en varios indicadores, incluido el buen comportamiento de las exportaciones", admite el Ejecutivo comunitario. No obstante, España sigue estando por debajo de la media de la UE en la mayoría de indicadores sobre internacionalización de las pymes, y Bruselas ve "una dicotomía entre un pequeño número de grandes exportadores muy competitivos y un gran número de empresas exportadoras menos competitivas".
Gana competitividad en costes por destrucción "masiva" de empleo
Además, aunque en los últimos dos años se ha recuperado casi la mitad de la competitividad perdida en materia de costes entre 2000 y 2008, Bruselas apunta que "esto se debe en gran parte a la destrucción masiva de empleo en sectores de bajo valor añadido y a jornadas laborales más largas".
Bruselas sitúa a España en el segundo grupo de países de la UE en materia de competitividad industrial -el de aquellos países con competitividad superior a la media europea,- junto a Bélgica, Holanda, Reino Unido, Francia, Irlanda, Finlandia.
Por delante figura el grupo líder, con Alemania, Austria, Dinamarca, Luxemburgo y Suecia. Por detrás, el tercer y cuarto grupo incluye al resto de países de la UE.
"Capacidad de innovación más débil" y especialización en baja tecnología
sin embargo, la Comisión Europea precisa que España es un "caso límite, con una capacidad de innovación más débil y condiciones de financiación difíciles, pero con resultados muy buenos en otros indicadores de competitividad (intensidad energética, cuota de mercado exportador, calidad de las infraestructuras, altas cualificaciones y productividad laboral)".
Según el diagnóstico del Ejecutivo comunitario, las empresas españolas "están especializadas en la fabricación de baja tecnología" y "en servicios con baja intensidad de conocimientos".
Los sectores de alto valor añadido, como las industrias de alta tecnología y los servicios con uso intensivo de conocimientos, "siguen estando infrarrepresentados en lo que se refiere al número de empresas, el empleo y el valor añadido".
La Comisión Europea reconoce que durante la última década se han hecho esfuerzos para mejorar el rendimiento de la investigación y la innovación, pero sostiene que "todo parece indicar que el impacto es limitado, ya que se ha avanzado poco hacia una economía más basada en el conocimiento".
"La situación se ha visto agravada por la crisis, con una caída de la inversión pública en I+D y una pérdida significativa de empresas tecnológicamente innovadoras", advierte el informe.
Las cualificaciones no se adaptan al mercado laboral
En materia de cualificaciones, el informe alerta de que "las cuestiones más apremiantes son la difícil transición de la educación al trabajo, la elevada tasa de abandono escolar y la falta de adecuación entre las cualificaciones y el mercado laboral". "El sistema educativo no se centra suficientemente en las capacidades empresariales", afirma Bruselas.
El estudio denuncia que, pese a las mejoras que se han producido a lo largo de los años, "resulta difícil poner en marcha un negocio" porque "el marco jurídico y reglamentario sigue siendo muy complejo". El tiempo necesario se ha reducido de 47 a 28 días, pero sigue por encima de la media de la UE y el tiempo necesario para obtener una licencia de explotación es el más largo de la UE, 116 días.
La Comisión Europea señala también "ámbitos de preocupación" en el sistema judicial, como las bajas tasas de resolución, la acumulación de asuntos pendientes y unos procesos relativamente lentos. "Las tecnologías de la información y comunicación para el poder judicial aún no son de fácil acceso en todas partes", apunta.
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