BOCA DE CACHÓN, Jimaní.- Al decir de Dominga Recio, presidenta de la Junta de Vecinos de Boca de Cachón, inundado por las aguas del lago Enriquillo, no todo es color de rosa en el proyecto que construye el gobierno para reubicar a los afectados, ni todos están conformes con la forma en que pretende adjudicar las 560 viviendas que lo componen.
Durante el recorrido que realizara en compañía de periodistas el ministro de la Presidencia José Ramón Peralta, Recio habló sin tapujos frente a las autoridades no solo de la disconformidad con la distribución, sino también por el tamaño de las viviendas, en ocasiones más pequeñas que las que tendrán que abandonar muchos de los damnificados.
“Por ahí se escuchan muchos rumores de que van a traer gente de otro lugar a vivir aquí, que podrían colarse en el proyecto, pero nosotros estamos vigilantes para evitar que eso ocurra”, dijo la dirigente comunitaria.
Recio no cuestiona el traslado al llamado “Nuevo Pueblo del Distrito Municipal Boca de Cachón”. Está consciente del peligro que representa para todos el avance de las aguas del lago Enriquillo, aunque otros moradores se aferran a sus pequeñas propiedades y se resisten a ser reubicados. “Al final, tendrán que salir”, dice convencida.
Las inquietudes de Recio fueron respondidas por el ministro Peralta. De acuerdo con el funcionario, las viviendas serán entregadas de conformidad con el censo de residentes elaborado previamente. Si acaso hubiera alguna irregularidad, afirmó, el censo servirá para enmendarla.
Según Peralta, más del 90% de las viviendas del pueblo Boca de Cachón, que será demolido tan pronto culmine el traslado de los habitantes, no reúnen las condiciones de las que construye el gobierno.
Asimismo, explicó que antes de ser entregado el proyecto, cada quien sabrá cuál es y donde está su casa, porque a su juicio, “es muy importante que en los beneficiarios surja el sentido de propiedad y sientan, como lo es, que ese proyecto es de ellos”.
Recordó que más del 90% de las viviendas del pueblo Boca de Cachón, que será demolido tan pronto culmine el traslado de los habitantes, no reúnen las condiciones de las que construye el gobierno.
“Además”, dijo el ministro, “esos que se están quejando forman el 5%. La otra parte, el 95%, están muy contentos y ansiosos por mudarse en sus nuevas viviendas. Tal y como ya dijimos, los adquirientes tienen el derecho y la libertad, respetando el plan urbanístico, de hacer las ampliaciones y modificaciones que consideren necesarias”.
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