Riqueza que genera pobreza

Por regla general, la gestión económica del Estado debe perseguir que el crecimiento del PIB se traduzca en mejora de las condiciones de vida de la población. Y se puede juzgar como un fracaso de política social el hecho de que a la par con el crecimiento económico, la pobreza crezca en proporción similar al índice de crecimiento. Esto último es lo que ha ocurrido en este país entre los años 2000 y 2012, cuando la economía se multiplicó por 1.82 y el número de pobres por 1.5, sin que sufriera variación el número de no pobres. La inequidad contenida en estas cifras denota que los políticos que condujeron el país entre el 2000 y el 2012 fracasaron de una manera estrepitosa en la aplicación de políticas sociales que condujeran a una disminución de la pobreza que se correspondiera con el crecimiento de la economía. Organismos internacionales y locales han enfatizado mucho en el hecho de que la bonanza sostenida de nuestra economía no ha tenido efectos positivos en cuanto a desarrollo humano y reducción de la pobreza. Está pendiente la tarea de lograr que los ciudadanos tengan más acceso a los bienes y servicios primarios, a nuevas plazas de trabajo y mejores condiciones de vida en sentido general, en la medida que logre repuntes sostenidos el PIB. Hay que apagar la máquina de multiplicar pobreza que ha estado funcionando por tanto tiempo. Denegación de justicia en lo civil La justicia, que debe ser un servicio accesible en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos tiene, en este país de población mayoritariamente pobre, un valladar de exclusión insalvable para muchos. José Alberto Cruceta Almánzar, juez de la Suprema Corte, afirma que la justicia civil en República Dominicana es la quinta más costosa en el mundo, por lo que aboga por una ley procesal moderna que mejore el acceso y la eficiencia en esa materia. En buen cristiano, esto significa denegación de justicia para los pobres que por causas diversas se ven involucrados en litigios civiles, sobre todo en reclamos de propiedades o de indemnizaciones por daños. Hay un fuerte contraste entre esta jurisdicción y la justicia penal, que ha sido profundamente transformada y a la que hay más facilidad de acceso para los menos pudientes. Es un tema de exclusión social que hay que poner en la agenda de las urgencias.