Mucho cuidado con el Código.

La legislación que en República Dominicana rige las relaciones obrero-patronales está seguramente demandando una actualización, pues nuevas tecnologías y otros perfiles del presente gravitan sobre las actividades industriales y de comercio. Pero el propósito de modificar el Código fue anunciado con poca formalidad y ausencia de equidad por el sector empleador tras una reunión palaciega de alto nivel. En el procedimiento brillaron por su ausencia el Ministerio de Trabajo -la vía institucional correcta- y los representantes de los asalariados, usualmente suspicaces cuando se habla de cambiar las reglas de juego, por entender que la contraparte patronal tiene en la mira desde hace algún tiempo las prestaciones laborales. Ante esta unilateralidad la opinión pública debe reclamar cuentas claras. Se ha dicho que la reforma se acordaría mediante conversaciones que darían oportunidad a quienes serán afectados por las innovaciones a exponer sus puntos de vista y a defender sus intereses, que se cumpla esto al pie de la letra. Esté claro además que cada sector interesado en el tema podrá opinar sobre las modificaciones a través de vistas públicas en el Congreso. Recordemos que la seguridad social no garantiza todavía la plenitud de amparo a los trabajadores, cuando están activos y mucho menos cuando llegan a la edad de jubilación, y todo posible cambio debe garantizarles derechos fundamentales. Esos campos desguarnecidos Somos un país que debe incrementar su producción agrícola y ganadera. Los campos deben reverdecer por un mayor fluir de inversiones públicas y privadas para infraestructuras. Pero la delincuencia crea un clima contrario a ese objetivo. Afecta a las ciudades y preocupa grandemente a los ciudadanos en sentido general y no se detiene en la frontera que separa lo urbano de lo rural. Por el contrario: con frecuencia grupos de malhechores despojan de bienes a productores y hasta campean por su respeto en zonas del país. Es evidente que proteger vidas y propiedades fuera de las áreas citadinas resulta más difícil. Se percibe que algunos asentamientos de la ruralidad están en total desamparo, pues no existe un servicio regular de patrullaje anti delictivo por caminos y parajes. La alarmante cuatrería y los asaltos a negocios y proyectos agrícolas deberían conmover al Gobierno dado a visitar esos sitios, a los que también acude la maldad.