jueves, 7 de agosto de 2014

Reflexiones sobre las compras por Internet



Por TEÓFILO QUICO TABAR tabasa1[@]hotmail.com

Las operaciones de envío a través de courier tuvo sus inicios en los años 90, con el objetivo de suplir las necesidades urgentes de empresas y hogares, de artículos tales como: piezas de maquinarias, partes de automóviles, medicinas, documentos y otros productos no disponibles en el mercado local. Luego se expandió con la globalización y el adelanto cibernético hasta lo que se conoce como compras por Internet.

La reciente decisión de la Dirección General de Aduanas, de proceder al cobro de arancel, ITBIS y demás impuestos aplicables a las importaciones de mercancías bajo esta modalidad, con valor de hasta US$200.00, llama a una reflexión objetiva sobre la problemática social, fiscal, económica, legal y política, que se derivan de este accionar.

Uno los argumentos esgrimidos por las autoridades, para justificar la medida, es que el Estado dejaría de percibir la suma de RD$5,600 millones al año, cifra que debe llevar a los actores a la compresión y buscar una salida equitativa, con soluciones satisfactorias.

Este tema ha sido discutido por los diferentes sectores involucrados. Se aprobó en la reforma fiscal del año 2012, y posteriormente se dejó sin efecto. Pero el problema siguió latente debido a que no se produjo ninguna decisión, ni se abordó a través de estudios que aportaran soluciones y permitiera establecer equilibrio en los intereses de los principales actores, que son: la clase media (comprador) Courier (transportista), Internet (medio tecnológico), el comercio local (competidor) y el Estado (recaudador).

El Estado, para reducir al máximo cualquier distorsión que pudieran ocasionar las compras por Internet, en el comercio y en la recaudación, debe afianzar los controles de inspección y de determinación de los valores a través de la correcta aplicación de los métodos de valoración establecidos en el Acuerdo GATT y en el Reglamento de valoración del Decreto 36-11. Y como la DGA tiene mecanismos para determinar el valor real de los productos, en la misma fuente donde los adquieren las personas o entidades, podría dictar una Norma o que el Gobierno reformule el Decreto, a fin de adecuarlo. Dándole un tiempo adicional al establecido, para que todos puedan ajustarse a las nuevas disposiciones.

El sector comercial debe abocarse a un análisis de costos de sus operaciones y márgenes de los beneficios o ganancias obtenidas, de tal manera que sus precios se hagan más competitivos en un mercado tan globalizado como el actual.

Las empresas que operan los correos expresos (courier) deben tomar una actitud de moderación y equilibrio, en razón de que la mejoría en el volumen de sus operaciones no está necesariamente dada en función al precio de compra o el cobro de los impuestos y gravámenes, puesto que esto recae sobre el usuario de su servicio (el comprador), y en un mercado de armonía las operaciones se incrementan.

La población por su parte, independientemente al derecho que le asiste de adquirir bienes a mejor precio, debe comprender la situación de las partes involucradas en esta actividad comercial, así como necesidades del Estado, para lo cual requiere recursos, y esto solo puede obtenerlo a través de las recaudaciones fiscales establecidas en las leyes. Por lo tanto, debe producirse una solución armoniosa y equilibrada.

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