El embajador dominicano en Nicaragua, Luis José González Sánchez, sugirió hoy al Gobierno dominicano contemplar en lo inmediato la búsqueda de mecanismos para que la sociedad dominicana y los representantes de nuestro país en el exterior difundan el contenido de la sentencia 168 del Tribunal Constitucional. Esa sentencia niega la nacionalidad a los hijos de extranjeros indocumentados nacidos en el país. El exlegislador consideró oportuno que las instituciones públicas, embajadas y consulados en el exterior reciban el texto de la sentencia para que la den a conocer y no se dejen confundir “por la manipulación de sectores interesados en que el país siga manejando el control migratorio sin reglas definidas”.
González Sánchez, que participó activamente en la elaboración de la nueva Constitución promulgada el 26 de enero del 2010, dijo que el tema de la nacionalidad debe ser tratado en los centros de enseñanzas del país para que los estudiantes dominicanos conozcan el alcance de la referida sentencia.
“No se puede quedar una escuela pública, colegio o centro de enseñanza, de la naturaleza que sea, sin recibir una explicación objetiva del contenido de esa decisión”, puntualizó González Sánchez.
Manifestó que él, en lo particular, ha iniciado un proceso de contacto con sus colegas embajadores acreditados en Nicaragua para enterarlos sobre los beneficios que le proporciona la Sentencia a los ciudadanos extranjeros que residen en la República Dominicana.
El expresidente de la Cámara de Diputados llamó a la Junta Central Electoral a realizar reuniones regionales con los embajadores dominicanos y extranjeros acreditados en el país para darle la explicación de rigor sobre los alcances de dicha sentencia.
El embajador dominicano en Nicaragua entiende que con esta medida la Junta Central Electoral evitaría que los organismos internacionales, las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que trabajan el tema de migración u otra institución interesada, hagan uso indebido del contenido del dictamen del Tribunal Constitucional y manipulen a la opinión pública internacional.
Por otro lado, afirmó que contrario a los que han dicho juristas de que esta Sentencia no favorece a los extranjeros, fundamentalmente a los ciudadanos haitianos, la Constitución dominicana establece en el artículo 18 numeral dos: “gozan de la nacionalidad dominicana las personas nacidas en el territorio nacional antes de la entrada en vigencia de la Constitución proclamada el 26 de enero del 2010”.
De igual manera, González Sánchez, consideró que también el articulo 25 numeral dos de dicha Constitución establece que los “extranjeros y extranjeras tienen en la República Dominicana los mismos derechos y deberes que los nacionales, con las excepciones y limitaciones que establecen la Constitución y las leyes…”, así como la “obligación de registrarse en el Libro de Extranjería...”
Argumentó que de igual manera la Junta Central Electoral o cualquier otra instancia del Estado dominicano no tienen otra alternativa que aplicar la Sentencia en virtud de lo que establece el artículo 184 de la Constitución sobre las atribuciones del Tribunal Constitucional de ser garante de la Carta Magna, el orden constitucional y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
González Sánchez consideró que la Policía Nacional, la Dirección General de Migración y la Junta Central Electoral están obligas a darle cumplimiento a la Sentencia para garantizar, como lo hace Nicaragua, Honduras o Costa Rica, que ningún ciudadano que ingrese de manera ilegal a cualesquiera de esos territorios permanezca libre y se movilice sin ser apresado y deportado inmediatamente.
Finalmente, consideró que la República Dominicana está en todo su derecho de aplicar su legislación migratoria de la misma manera como lo hacen todos los países del mundo.
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