El director de Migración, José Ricardo Taveras, consideró ayer que luego del fallo del Tribunal Constitucional, que establece que los hijos de extranjeros ilegales en el país no les corresponde la nacionalidad dominicana, es “absolutamente imposible una ley de amnistía” porque siempre lo fue y “ahora con más fe”.
Sostuvo que el Congreso Nacional no podría abocarse a conocer una ley de ese tipo porque violaría la Constitución por un caso que ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. “La verdad es que no podemos poner al Congreso a violar la Constitución”, subrayó.
Taveras calificó las discusiones que se dan en torno a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad, como una crisis mediática y de pareceres académicos. “Ahora lo que el país no puede caer es de una crisis de interpretaciones académicas y de pareceres de profesionales del derecho y de los intereses que medren con el tema en una crisis constitucional, en eso no puede caer”, advirtió el director de Migración.
Refirió que la ley de Migración, 285-04, establece que se haga un plan nacional de regularización de extranjeros por lo que no es necesario obstaculizar la solución de “una herida que tenemos que cerrar”. Garantizó que el Estado tiene la determinación y la voluntad de amparar esa gente porque “nadie los va a desamparar, ese problema debe resolverse tal como la ley manda que se resuelva”.
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, expresó que una de las posibles salidas a la situación que afecta a un número indeterminado de personas con el fallo del Tribunal Constitucional, es una posible ley de amnistía, así como que el Estado inicie lo antes posible el plan nacional de regularización de extranjeros que establece la ley y la sentencia 168-13.
Modificar la ley de naturalización, otra propuesta de solución La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) propuso como salida para los afectados por el fallo del Tribunal Constitucional una modificación a la Ley 1683 sobre naturalización y rechazó la posibilidad de que se apruebe una ley de amnistía para los hijos de indocumentados.
Trajano Vidal Potentini, presidente de la FJT, informó que trabaja en la elaboración de un anteproyecto para modificar esa legislación para hacer más flexibles los requisitos para adquirir la nacionalidad dominicana y sin costo para los interesados.
“La modificación incluiría una mención expresa sobre su alcance y ámbito de competencia referido exclusivamente para el periodo y los casos enmarcados en la vigencia del plan nacional de regularización, involucrando con parámetros claramente definidos a las autoridades responsables de ejecutar dicho plan”, señaló la entidad mediante un comunicado de prensa. Igualmente, señala que es necesario adoptar medidas que respeten el fallo del Constitucional. “Justicia y Transparencia tras reconocer el drama humano que supone corregir el problema migratorio de la República Dominicana, con profundos vicios y una marcada desatención por parte del Estado durante décadas”, reconoce la entidad. En tanto, el jurista Julio Cury consideró que sería inconstitucional una ley de amnistía porque entraría en contradicción con la sentencia del Constitucional.
Balcácer favorece ley de amnistía
El jurista Carlos Balcácer favoreció la idea de una ley de amnistía como solución para los hijos de extranjeros ilegales en el país, sin embargo, entiende que eso no resolverá la situación del todo “porque hay haitianos que ni siquiera tienen documentos de su propio país”. “Entiendo que la amnistía es prudente pero no lo resuelve todo… Haití es una nación que no se deja ayudar, no hay forma de que Haití reglamente el estatus civil de sus nacionales, la mayoría de los haitianos que andan en este país no tienen acta de nacimiento porque Haití no entrega actas de nacimiento”, indicó Balcácer. Agregó que esa nación tiene años que está inmersa en una sociedad disoluta y que eso crea un grave problema.
Salida humanitaria
Varios diputados coincidieron ayer en que una ley de amnistía para los hijos de indocumentados sería contraria a la Constitución. Igualmente, coinciden en que la decisión del Tribunal Constitucional amerita buscar un atenuante para los casos de las personas que resultaron afectadas. Minou Tavárez Mirabal, presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, dijo que habrá que pensar seriamente si una ley de amnistía o desnaturalización afectaría la Constitución. “Habría que hacer una consulta más exhaustiva, pero lo que sí está claro para mí, es que esa decisión del Tribunal Constitucional obliga a todos los poderes del Estado a ponerse en la misma dirección de buscarle una solución al problema”, dijo.
Consideró que no se puede dejar a miles y miles de personas sin documentación, sin derechos que fueron adquiridos, en muchos casos de personas que vinieron aquí traídas por el propio Estado dominicano.
Virgilio González, diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), dijo que la comisión de Relaciones Exteriores ha estado valorando la propuesta de una ley de amnistía como posible salida para legalizar antes de la Constitución de 2010 a los ciudadanos que puedan demostrar que sus antepasados residían legalmente en el país. Orlando Espinosa, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) estimó que la sentencia del Tribunal Constitucional es una amnistía porque es un camino expedito para que quienes no tengan documentos lo logren y hasta de naturalizase dominicano. “Yo no veo por qué el pataleo de mucha gente, no tiene sentido, si la sentencia es mandatoria para Migración y para la Junta”, dijo.
Hugo Núñez, del PRD, consideró que apoya la consulta que hará el presidente Danilo Medina, pero rechaza una ley de amnistía. Favorece el proceso que realiza la Junta Central Electoral junto a Migración de regular la situación de quienes no están legales. Aclaró que es partidario de que se le dote de sus documentos a los que nacieron en territorio dominicano.
Henry Merán, diputado del PLD, consideró peligrosa una ley de amnistía porque habría que “amnistiar” a todos los indocumentados y eso no es lo que ha dispuesto la sentencia del Tribunal Constitucional. “Creo que lo que se establece y se desprende de la sentencia del Tribunal Constitucional no es aprobar en el Congreso de la República una amnistía. Lo correcto es hacer un levantamiento, una auditoría de cada uno de los casos y de ahí acogerse a lo que establece la ley 285 de Migración”, dijo.
Carlos Gabriel García entiende que a partir de la sentencia, que no se puede atacar desde el punto de vista jurídico, hay que buscarle una salida humana porque no se le debe dar la espalda a esos miles de descendientes de haitianos que tienen una larga trayectoria en República Dominicana y han desarrollado su vida en suelo dominicano.
Protagonistas
Carlos Balcácer Abogado constitucionalista
“Antes de cualquier solución se debe producir un acuerdo de Estado a Estado entre República Dominicana y Haití, para que los organismos internacionales ayuden a Haití en la documentación de sus nacionales porque ese país es una fábrica de seres humanos indocumentados desde siempre”.
Manuel María Mercedes Presidente derechos humanos
“El derecho a la nacionalidad de quienes nacieron bajo el “jius solis” está protegido por los pactos y tratados internacionales, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentó jurisprudencia cuando falló a favor de dos hermanas a las que la Junta Central Electoral se negaba a entregarles sus actas”.
Minou Tavárez Diputada del PLD
“No se puede dejar a miles y miles de personas sin documentación, sin derechos que fueron adquiridos, en muchos casos de personas que vinieron aquí traídas por el propio Estado Dominicano. Esa decisión del Tribunal Constitucional obliga a todos los poderes del Estado a ponerse en la misma dirección de buscarle una solución al problema”.
Nassef Perdomo apoya amnistía
Nassef Perdomo, abogado constitucionalista, afirmó que la sentencia del Tribunal Constitucional socava la base del estado de derecho en el país porque ignora el artículo 74 de la Constitución que establece que cuando se trata de derechos humanos las normas deben interpretarse siempre a favor de los derechos. Afirmó que cuando la sentencia se refiere al tránsito no puede ser a 50 años como se le trata de aplicar a gente nacida aquí y que tiene esa cantidad de años. Deploró que se ordene a la Junta despojar de sus documentos a miles de personas por vía administrativa cuando la ley establece que se debe revisar cada caso en particular. “Se va a llamar ley de amnistía si se hace, pero hay que recordar que esas personas no han hecho nada malo, que un bebé no puede cometer un fraude y que nacer no es ilegal, pero si es posible porque el artículo 110 de la Constitución dice que las leyes sí pueden ser retroactivas cuando benefician al titular de derechos”, dijo. Perdomo fue reiterativo en su rechazo al fallo.
Manuel María Mercedes: restablecer el jius solis
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre una ley de amnistía que busque legitimar el “genocidio civil” decretado por el Tribunal Constitucional. Manuel María Mercedes, presidente de la CNDH, dijo que no se puede permitir que a los cientos de miles de afectados se les pretenda otorgar residencia dominicana o la ciudadanía sobre la base de no reconocerles sus derechos legítimos de haber nacido en suelo dominicano. Consideró que lo ideal y justo sería una modificación constitucional restableciendo el “jius solis” de manera transitoria para las personas afectadas por la sentencia del TC.
Eddy Olivares insiste en una salida humanitaria
El miembro titular de la Junta Central Electoral (JCE), Eddy Olivares, reiteró su rechazo a la sentencia del Constitucional e instó sobre la necesidad de buscar una salida que reconozca los derechos de los afectados con el fallo. Olivares condicionó su respaldo a una ley de amnistía para los hijos de indocumentados dependiendo de los alcances de una propuesta de esa naturaleza. Olivares ha dicho que la sentencia del Constitucional lo que hace es validar la circular 07 que emitió en el 2007 la JCE que instruía a las oficinas del Estado civil para que no entregaran documentos de identidad a las personas que no cumplan los requisitos.
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